Los dineros públicos al servicio de los derechos de las personas

La Defensoría del Vecino, desarrolló un trabajo con un equipo de investigadores de la Universidad de la República, que consistió en analizar el presupuesto departamental, con la finalidad de hacer un aporte a la reflexión sobre la necesidad de que el presupuesto incorpore explícitamente la idea de que debe ser una de las herramientas para garantizar los derechos humanos en el departamento. Observamos la necesidad de avanzar en la idea y en la práctica de que las fórmulas presupuestales, los mecanismos recaudatorios y la distribución de la recaudación estén directamente relacionadas con la capacidad del gobierno departamental de proteger derechos y satisfacer necesidades concretas de toda la población.

Partimos de uno de los principios rectores del estado de derecho, el que establece que de las responsabilidades que el Estado tiene con los derechos humanos, (que surgen de los tratados internacionales, de la Constitución de la República, de las leyes nacionales y de los decretos departamentales), se desprenden obligaciones en tres dimensiones, a saber: respetar, garantizar y satisfacer los derechos de los ciudadanos. En la medida que se incumpla con estas obligaciones se afectan derechos humanos consagrados en los distintos instrumentos mencionados. Para un cumplimiento pleno de estas obligaciones, es necesario poner los presupuestos al servicio de las mismas.

Profundizando en las obligaciones que el Estado debe asumir con los derechos humanos, nos encontramos por un lado con la obligación de respetar los derechos humanos, esta es una obligación negativa, o sea el Estado no debe afectar derechos con sus acciones u omisiones, otra obligación es garantizar los derechos de los ciudadanos, esto implica que el Estado debe vigilar que terceros no vulneren derechos y por último y no menos importante es que el Estado debe satisfacer derechos, lo que implica que es necesario poner al servicio de la protección de los derechos ciudadanos, todos los procedimientos y los recursos para que esta se materialice.

Estas son las responsabilidades que le dan sentido al Estado social de derecho, pues en la medida que toda la estructura estatal no está al servicio del bien estar de las personas y del mayor cumplimiento posible de la protección de los derechos humanos, podemos afirmar que se desvirtúa el sentido mismo del Estado. Por esta razón adquiere fundamental importancia observar el presupuesto departamental con enfoque de derechos humanos. Ejercicio que puede ser replicado para cualquier presupuesto público estatal.

Para un cumplimiento cabal de estas responsabilidades estatales es necesario que los presupuestos públicos incorporen en su diseño y ejecución un enfoque claramente definido en los derechos humanos. Esto es, hacer explícito que cuando se definen tanto los mecanismos de recaudación como la asignación de lo recaudado se satisface o se afectan derechos.

Es imprescindible pues definir la distribución presupuestal con la orientación de que la prioridad es la satisfacción de los derechos ciudadanos.

Creemos que la investigación aporta un camino de análisis y una reflexión que permite, por un lado visibilizar las definiciones que ya están contempladas en el presupuesto departamental y forman parte de las garantías, pues atienden adecuadamente derechos humanos, sociales, culturales, y por otro, detectar lo que falta para considerar que el presupuesto departamental incorpore el enfoque de derechos humanos para cumplir de esta manera con las responsabilidades que son inherentes al desempeño de un gobierno departamental.

El desafío y la responsabilidad de todos los actores será que estos elementos sean tenidos en cuenta e incorporados a las prácticas de elaboración y aplicación del presupuesto departamental. Par profundizar en los resultados de la investigación pueden bajar  el documento completo en http://www.defensordelvecino.gub.uy/IMAGENES/Investigaci%C3%B3n..pdf