El daño cerebral ocasionado a la menor Rocío Martínez por la aplicación de una sobredosis de oxitocina a la madre durante el parto en un hospital de San José generó una demanda contra Salud Pública por 1.2 millones de dólares por mala praxis médica.
Ayer, el juez Homero Rivero reanudó las investigaciones y se reunió con Diego Martínez y Florencia Vittete, los padres de la niña, y representantes del departamento legal de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). El tema se sustancia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, según un informe publicado hoy por el portal Primera Hora.
Rocío nació el 2 de setiembre de 2009. Según el abogado de la familia, Franklin Fuentes, la primera irregularidad es que la bebé nació en una sala de pre-parto. En la víspera, las partes recorrieron el centro de salud para identificar el recorrido entre ese lugar y la verdadera sala de parto del hospital.
Fuentes explicó que el principal argumento esgrimido por los profesionales que actuaron durante el parto fue que no daban los tiempos para el traslado a la sala correspondiente. El abogado cuestionó esa versión, aludiendo que los trabajos con la madre habían comenzado a las 8:00 y el alumbramiento fue a las 23:00.
El juez también recorrió la casa de la familia para corroborar la situación en que vive la niña. El defensor aseguró que la vivienda es precaria con un solo dormitorio y una escalera con acceso muy estrecho.
El asesor agregó que esta es una instancia complementaria y aclaró que las pruebas fundamentales son las pericias técnicas.
En este momento, el Instituto Técnico Forense (ITF) está preparando informes. Si bien el organismo ya se pronunció para la Justicia Penal, este proceso civil requiere de pericias específicas, informó Primera Hora.
FOTO: diario Primera Hora, San José