La Justicia condenó este sábado a Luis Fernando Fernández Albín de 37 años como coautor de un delito de atentado agravado en reiteración real con un delito de porte y tenencia de arma de fuego con signos de identificación suprimidos en calidad de autor a una pena de siete meses de prisión.
Condenaron a Luis Fernando Fernández Albín a siete meses de prisión por el atentado a la sede del INR
Había sido detenido el viernes en la casa donde cumplía prisión domiciliaria tras ser imputado el 13 de diciembre de 2024 por el ataque ocurrido a inicios de ese mes en Ciudad Vieja.
Uno de los disparos en la puerta del INR, en la calle Cerro Largo. Foto: Marcelo Auyanet, Subrayado.
Fernández Albín había sido detenido el viernes en la casa donde cumplía prisión domiciliaria tras varios allanamientos solicitados por la Fiscalía. El 13 de diciembre de 2024 fue imputado por 180 días por el atentado a la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) ubicada en Ciudad Vieja.
La Fiscalía acusó al integrante de la banda de Los Albín del Cerro de estar vinculado al ataque ocurrió sobre las 2:30 de la mañana del 4 de diciembre, cuando dos personas pasaron por las oficinas del INR en la calle Cerro Largo y dispararon dos veces contra los vidrios. Además, dejaron una nota que decía: “Los presos se respetan, señor Mendoza”, en referencia a Luis Mendoza, entonces director del INR.
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Para la Policía, el traslado de cárcel de un líder narco del Cerro estaría vinculado con el atentado. Días antes, se había dispuesto el traslado de Diego Fernández Albín desde el Penal de Libertad, de un sector donde estaba con otros narcotraficantes, hacia la Unidad 25 del ex-Comcar, una cárcel de máxima seguridad, con celdas aisladas, incomunicación casi total y visitas mínimas, donde está, por ejemplo, Martín Mutio, condenado por las 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo en 2019.
La investigación apunta que ese traslado haya enojado a Diego Fernández Albín por la imposibilidad de tener control desde adentro de la cárcel. Había sido detenido el 24 de octubre cuando la Policía desplegó la Operación Oppenheimer en el Cerro tras varios meses de investigación. Fue imputado por posesión de estupefacientes, tráfico interno de armas y municiones y tenencia de armas modificadas.
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