Fiscal Alciaturi asegura que hay suficientes elementos para imputar al exintendente Guillermo Besozzi

Tras la última comunicación, el 18 de junio de 2021, la transferencia desde la cuenta de la Intendencia a la de Adeom se produjo el 21 de junio de 2021 por la suma de 150.000 pesos.

Según la fiscal, "el señor intendente autorizaba sucesivos y crecientes adelantos de dinero a ADEOMS a efectos de que saldara deudas correspondientes a cheques sin fondos y librados contra cuenta suspendida, aún cuando en algunos casos estos adelantos totalizaban una suma mayor a la recaudación del sindicato, y aun cuando varios funcionarios habían denunciado que hacía meses que los descuentos efectuados no se volcaban a los rubros requeridos".

"De la información primaria brindada por BROU, no surge, asimismo que la IMS descontara a la asociación gremial los adelantos recibidos, ya que en los meses en que se registra el diálogo además de los adelantos surgen transferencias de la totalidad de la recaudación del gremio, y ninguna de la asociación hacia la IMS", agrega el documento de 110 páginas.

Como evidencias, la Fiscalía se valió de las escuchas telefónicas realizadas a través de El Guardián, oficio del Banco República sobre los movimientos de las cuentas bancarias y la declaración de los imputados.

En los primeros meses de 2024, la investigación del incendio al teatro concluyó con la detención e imputación de Alberto Herling, José Luis Pica y Pablo Posse por apropiación indebida de recursos de funcionarios municipales, libramiento de cheques sin fondo y contra cuenta suspendida y varias estafas realizadas por el particular que circulaba los cheques de ADEOMS.

Del análisis del celular de Pica, surgieron diálogos de funcionarios del Departamento de Obras de la Intendencia que referían a la venta de materiales e insumos de la comuna en su provecho. Fueron detenidos el capataz de obras Alcides Rivero, Gilberto Castromán, Carlos Pérez Hornos, Leonardo Agustín Rivero Poggio y particulares que compraron los materiales a menores precios que los del mercado. De estas detenciones, "surgieron varias afirmaciones en el sentido de que la cúpula municipal conocía las maniobras realizadas, que las contrataciones laborales se realizaban en función de afinidad política con el señor intendente sin contar para nada con la mínima idoneidad para los cargos (caso del coordinador de obras Wilson Rivero, del encargado de Logística Jonathan Torres), etc., que las contrataciones se realizaban en proporción a las contribuciones a la campaña electoral de la lista 903, y que existían funcionarios de jerarquía que tenían emprendimientos o empresas particulares cuyos intereses confluían con los de la IMS, pese a su cargo, o cuyos familiares se beneficiaban con contrataciones superiores a las del resto de las empresas", sostiene la fiscal.

Otros hechos destacados en la investigación referidos por la Fiscalía, es el caso de un camionero contratado por la Intendencia que a cambio de un viaje de toros recibe materiales de la comuna. Además, el pago con fondos de la Intendencia a los Hoteles Brisas del Hum y Colón de hospedaje en oportunidad de giras de la candidata nacionalista Laura Raffo en abril de 2024 en la previa a las elecciones internas. También, la fiscal refiere a contrataciones con privados "en proporción directa a las contribuciones realizadas, a funcionarios o a la campaña política de la lista 903".

La Fiscalía da cuenta del caso de una funcionaria municipal, cuyo esposo posee maquinaria contratada por la Intendencia, y que "de la intervención realizada se desprende que, desde larga data, le estaban abonando aproximadamente el doble de las horas realmente trabajadas". "Ambos mantienen un club político de la fracción política del intendente", se afirma.

Para la fiscal, Guillermo Besozzi debe responder como autor responsable de reiterados delitos de peculado, reiterados delitos de tráfico de influencias un delito de concusión, reiterados delitos de omisión de denunciar delitos, un delito continuado de cohecho simple y reiterados delitos de abuso de funciones y como coautor de un delito de cohecho calificado, todos en régimen de reiteración real.

Daniel Gastán (secretario general de la Intendencia) debe responder como coautor de reiterados delitos de peculado, reiterados delitos de omisión de denunciar delitos en calidad de autor y reiterados delitos de abuso de funciones en calidad de autor y de coautor.

Gonzalo Castillo (prosecretario de la Intendencia) debe responder como autor de un delito continuado de cohecho calificado.

Pedro Besozzi (director de Hacienda) debe responder por dos delitos de peculado uno en calidad de autor y otro en calidad de coautor y un delito de abuso de funciones en calidad de autor, todos en régimen de reiteración real.

Pedro Nocetti (director de Obras) debe responder por dos delitos de peculado uno en calidad de autor y uno en calidad de coautor y reiterados delitos de abuso de funciones en calidad de coautor , todos en régimen de reiteración real.

Germán Cavallero (director de Auditoría) debe responder como autor de un delito de concusión, y un delito de omisión de denunciar delitos en régimen de reiteración real.

Jonathan Torres (director de Logística) debe responder como autor de un delito de utilización indebida de información privilegiada y un delito de omisión de denunciar delitos y como coautor de un delito de cohecho calificado y reiterados delitos de cohecho simple, en régimen de reiteración real.

Para Guillermo Besozzi, Daniel Gastán, Pedro Nocetti y Jonathan Torres dispuso arresto domiciliario por 180 días, y de 90 días para Pedro Besozzi, Germán Cavallero y Gonzalo Castillo.