Luego de una larga audiencia que demandó más de 6 horas, concluyó anoche la instancia de control de acusación contra seis militares uruguayos acusados de secuestrar y torturar a once ciudadanos de San Javier entre 1980 y 1984. Entre las víctimas, se encontraba el médico Vladimir Roslik, asesinado el 16 de abril de 1984 en el Batallón de Infantería N°9 de Fray Bentos.
Fiscal estima que en mayo o junio comience el juicio oral por secuestro y tortura de ciudadanos de San Javier
Los casos ocurrieron entre 1980 y 1984. Entre las víctimas, se encontraba el médico Vladimir Roslik, asesinado el 16 de abril de 1984.
El fiscal de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, indicó que la Fiscalía propuso la prueba faltante, la que en su mayoría fue admitida por la jueza Selva Siri. Perciballe interpuso los recursos de reposición y apelación por la prueba no admitida, que serán resueltos por un Tribunal de Apelaciones. La defensa de los militares también propuso prueba, que también presentó recursos por la que no fue admitida por la sede.
La Fiscalía aguarda el acto de apertura del juicio oral y público por parte de la jueza Siri, que según estimó Perciballe, podrá ser en mayo o junio y que se tramitará en 15 o 20 días.
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Perciballe indicó que en la audiencia de este viernes se realizará el control estricto de la prueba que se presentará en el juicio, luego se realizará una nueva instancia el 31 de marzo, donde se prevé finalizar con el control de acusación. El fiscal estimó que en unos meses habrá una resolución de la jueza sobre su petición.
PEDIDO FISCALÍA
Para los militares retirados Óscar Mario Roca, Ivo Morales y Abel Pérez, la Fiscalía solicitó 15 años y 6 meses de cárcel como autores de reiterados delitos de privación de libertad, con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves. Para Héctor Caubarrere y Jorge Soloviy, solicitó 14 años y 6 meses de prisión por los mismos delitos.
Para Daniel Castellá y Rodolfo Costas, Perciballe pidió 13 años y 6 meses por los delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves; para Eduardo Saiz solicitó 13 años; y para Luis Estebenet, 11 años y 6 meses de cárcel por los mismos delitos.
Para los militares, existía un vínculo entre la comunidad rusa en Uruguay y la Unión Soviética y lanzó la hipótesis de que los detenidos estaban vinculados a un cargamento de armas que llegaría a San Javier en un submarino ruso; la Fiscalía concluyó que todo fue un plan elaborado por el Servicio de Información y Defensa.
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