DE PUNTA RIELES A CÁRCEL CENTRAL

Fiscalía archivó investigación por traslados sin orden del narco González Valencia y notificó a Layera

La causa que investiga la fuga del capo de la mafia calabresa, Rocco Morabito, de la ex Cárcel Central el 23 de junio de 2019, permanece abierta y bajo reserva.

La fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2º turno, Silvia Porteiro, dispuso el archivo de la investigación sobre los traslados sin orden judicial del narco mexicano Gerardo González Valencia, que estuvo detenido en Uruguay desde 2016 hasta 2020 cuando fue extraditado a Estados Unidos, desde la cárcel de Punta de Rieles a la ex Cárcel Central.

Porteiro informó a través del director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, que la causa que investiga la fuga del capo de la mafia calabresa, Rocco Morabito, de la ex Cárcel Central el 23 de junio de 2019, permanece abierta y se excusó de dar mayores detalles, porque se trata de una indagatoria reservada que aún se mantiene respecto a algunas personas.

Uno de los notificados del archivo del caso de los traslados de González Valencia fue el exdirector de la Policía Nacional y futuro secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, Mario Layera.

Porteiro había solicitado en noviembre de 2023 el sobreseimiento del capitán de la Guardia Republicana, imputado en julio de 2022 por haber dispuesto los traslados, al no encontrar responsabilidad en el accionar del policía y que a su conducta no era aplicable ningún delito, ya que actuó en cumplimiento de órdenes de autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y del Ministerio del Interior de la época.

González Valencia fue trasladado en 12 oportunidades de la cárcel de Punta de Rieles a la ex Cárcel Central, donde estaba recluido Morabito. La investigación determinó que ambos se reunieron al menos en dos oportunidades.

Cada traslado del narco mexicano tuvo un costo para el Estado de 94.000 pesos, porque requería la movilización en un vehículo blindado con el auxilio de 8 a 12 funcionarios armados a guerra, entre otras medidas de máxima seguridad. El argumento para los traslados irregulares era para tener visitas conyugales con su pareja, cuando en el establecimiento donde se encontraba recluido tenía las condiciones necesarias.

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