Fiscalía sobreseyó a excónsules uruguayos en Moscú imputados por la causa de los pasaportes del caso Astesiano

Di Conza fue imputado el 27 de noviembre de 2022 por 14 delitos de fraude y 14 delitos de suposición de estado civil con prisión preventiva hasta el 6 de febrero de 2023, pero el 3 de febrero la medida fue sustituida por fijación de domicilio y la obligación de presentarse ante la comisaría, entre otras. En tanto, Piegas fue imputado el 7 de marzo de 2023 por reiterados delitos de suposición de estado civil y como medida cautelar se dispuso la fijación de domicilio, la prohibición de salir del país y la entrega del pasaporte, entre otras medidas.

En su solicitud, Flores argumenta con la disposición del artículo 265 del Código del Proceso Penal que establece un plazo máximo de hasta dos años desde la formalización de la investigación para la realización de las actuaciones.

"En virtud de las resultancias de estas actuaciones, estamos dentro del plazo máximo para definir el futuro de la investigación en tanto judicialmente el plazo de investigación se extendió por un año más por entenderse que estamos ante un caso complejo dado que la mayoría de los hechos referidos en la formalización fueron cometidos en territorio ruso, debiendo solicitarse a dicho país medidas investigativas a realizarse en ese territorio y que involucra a ciudadanos de dicho país y que podrían definir la suerte de los imputados así como aclarar la trama vinculada al presente caso. Corresponde señalar que a la fecha de hoy no se ha recibido información respecto a las resultancias de las medidas investigativas solicitadas a Rusia", indica.

"De las pericias a los celulares de los imputados no surgen elementos probatorios que permitan responsabilizarlos de los hechos investigados", afirma la fiscal y agrega que "se logró determinar que en varias oportunidades en que se gestionaron pasaportes con documentación apócrifa y con los usuarios de los cónsules, los mismos no se encontraban en el país, o bien se encontraban de licencia, por lo que no fueron ellos quienes realizaron dichos trámites".

También se estableció que la documentación atribuida a Di Conza y Piegas, presuntamente suscrita de puño y letra por los imputados (18 y 52 constancias, respectivamente), son apócrifas. “Se observan discordancia y diferencias inexplicables”, afirma el perito calígrafo Peña Rachetti en su informe del 4 de julio de 2024.

En su argumentación, la fiscal Flores sostiene que "el delito de suposición de estado civil, que contiene una modalidad dañosa y otra de peligro, supone para la Fiscalía actuante acreditar en juicio que los imputados con conciencia y voluntad han creado estados civiles falsos, en todas las oportunidades que se han detallado en los pedidos de formalización".

"La Fiscalía actuante entiende que no puede llegarse a derribar el estado de inocencia que gozan los imputados dado que no existen evidencias contundentes de un actuar doloso de su parte, incluso y de acuerdo a las pericias podemos encontrarnos en una duda razonable de la participación activa de los mismos", sostiene.

Sobre Di Conza, imputado por el delito de fraude, la fiscal afirma que "no puede llegarse a la conclusión de que el mismo haya actuado con engaño en los actos que le correspondía actuar en perjuicio de la Administración".