Imputaron a Penadés delitos de cohecho calificado y asociación para delinquir; Justicia dio lugar a prórroga

En octubre de 2023 Penadés fue imputado por 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, 4 delitos de abuso sexual especialmente agravados, 3 delitos de abuso sexual agravados, un delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor en régimen de reiteración real en calidad de autor. En total, fueron 22 delitos.

En la audiencia que se lleva a cabo este lunes, la fiscal del caso, Alicia Ghione, detalló sus argumentos para ampliar la imputación y afirmó que en la "trama", además de una búsqueda de información en programas por la Policía, realizaban "vigilancias ilegales, control de ruta, para poder identificar" con quiénes salían tanto Jonathan Mastropierro como Romina Papasso, y así enviar la información a Penadés.

"Surge de teléfonos continuo flujo de intercambio de información durante muchos meses", afirmó Ghione.

"Las fotos, los nombres de los jóvenes iban y venían en celulares entre los celulares de los entonces policías, Federico Rodríguez y Carlos Taroco, y también del celular de Penadés, que llegaban de parte de Cuiñas", añadió.

Además, la Fiscalía aseguró que Penadés financiaba la trama y que Carlos Taroco era "un contratado" del exsenador. El exdirector de la cárcel Santiago Vázquez fue condenado en marzo por la causa, tras un acuerdo abreviado.

El abogado de Penadés, Homero Guerrero, argumentó en contra del pedido fiscal y aseguró que no fue el exlegislador el que inició la asociación para delinquir, sino que fue iniciativa de los funcionarios policiales.

"A Penadés le fue comunicada la decisión ya tomada por los funcionarios públicos, quienes lo indujeron a entregar, a cambio de demostrar su desconocimiento respecto a las eventuales víctimas, algunas sumas de dinero, precisamente en un momento de gran perturbación de ánimo que se infiere de su declaración del 25 de mayo de 2023 ante Fiscalía", indicó Guerrero.

También aseguró que Ghione no presentó prueba o evidencia para esta tipificación. "La mayoría de las evidencias o pruebas que se detallan en la solicitud de formalización no hacen ninguna relación a lo que se peticiona", dijo. "Penadés fue llevado al pago indebido, no solamente por las circunstancias del caso, sino por el convencimiento de que esos funcionarios públicos iban a lograr su propósito", remarcó el abogado.

"El solo hecho que hizo la Fiscalía, pormenorizada, de cada una de los mensajes que supongo que todos han tenido acceso, da cuenta de la participación del señor Penadés en estos delitos. Claramente uno a uno se tomó el trabajo de leerlos, y de todos surgía la participación de Penadés y el plan orquestado para saber quiénes eran los testigos", dijo la jueza María Noel Odriozola.

Ante esto, consideró que la solicitud de Fiscalía encuadra y dio lugar a la imputación de nuevos delitos en la formalización de Penadés.

Entre los argumentos presentados por Fiscalía ante la Justicia para solicitar prórroga en la investigación están el caudal de información que deben procesar en la investigación, así como nuevos elementos que pueden ser evidencia.

En ese sentido, la Fiscalía señaló el acceso a la computadora de un expsicólogo de INAU, además de que afirmó que se pudo acceder a la parte encriptada de la conversación de los investigados a mediados de este año.

Otro punto es el tiempo que llevan las pericias psicológicas del Instituto Técnico Forense a las víctimas que declararon.

Al ser consultados por la jueza sobre la situación de Mauvezin, Ghione indicó que "una causa va con la otra" y que no han podido terminar de analizar la evidencia respecto a este imputado.

Las defensas de los imputados se opusieron, afirmaron que la investigación ilegal paralela debió ser investigada por otro fiscal y que las demoras para las pericias del ITF "no deben pesar" sobre los imputados.

La abogada de las víctimas, Soledad Suárez, dijo que Mastropierro sufrió escarnio público y que de esos riesgos no hay vuelta. "Ese daño a la seguridad individual de las víctimas y sus familias ya ocurrió", y se preguntó: "¿qué vamos a hacer, miralos pasivos y dejarlo que lo hagan de vuelta?, es responsabilidad jurisdiccional evitar que esto suceda nuevamente. Y nada cambió, salvo la prisión preventiva, el acceso al poder, el dinero, sigue estando".

El debate sobre las medidas cautelares se prorroga para mañana a las 14 horas.