Este año se cumplen 12 años de la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Según profesionales del área los números desmienten los pronósticos de que la ley generaría un aumento desproporcionado de los abortos en Uruguay.
Interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay: 94% finalizó el procedimiento y 6% continuó la gestación
A 12 años de su implementación en Uruguay, el informe disponible sobre IVE, entre 2013 - 2022 indica que 101.671 mujeres embarazadas consultaron en ese período.
La ley sobre interrupción voluntaria del embarazo, entró en vigencia a fines de 2012 y se trata de una de las legislaciones mas relevantes de los últimos años en nuestro país. Obliga al Ministro de Salud Pública (MSP) a llevar un registro estadístico de consultas y procedimientos.
El informe disponible sobre IVE, entre 2013 - 2022 indica que de las 101.671 mujeres embarazadas que consultaron en ese período, 94% finalizó el procedimiento y 6% continuó con el embarazo, porcentajes que al analizar año por año tienen mínimas variaciones.
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Todas las mujeres uruguayas que cursen un embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, pueden interrumpir el embarazo. También pueden hacerlo las migrantes, pero aquí hay excepciones, como cumplir un año de residencia en el país. También tienen derecho si el embarazo es fruto de una violación ocurrida en Uruguay.
La ley sobre interrupción voluntaria del embarazo garantiza el derecho a la procreación consciente y responsable, reconoce el valor social de la maternidad, tutela la vida humana, promueve el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población.
La ley establece requisitos: plazo de hasta 12 semanas de gestación, una primer consulta, donde se pone al medico en conocimiento de la situación derivando a la paciente al equipo integrado por ginecólogo, psiquiatra y asistente social, período de reflexión mínimo de 5 días si se confirma la voluntad se inmediato se coordina el procedimiento.
Contempla además, si el embarazo supone grave riesgo para la salud de la mujer, malformaciones incompatibles con la vida o cuando el embarazo resulte de violación acreditada con denuncia judicial. Acá el plazo se amplía hasta las 14 semanas de gestación.
El director general de Iniciativas Sanitarias, una asociación civil que destinada a desarrollar y hacer efectiva la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las personas en el ámbito social y clínico, entiende que hay varios caminos para avanzar en el tema.
Mysu, Mujer y Salud en Uruguay, organización no gubernamental feminista que promueve y defiende los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, además de realizar un seguimiento pormenorizado del cumplimiento de los servicios, destaca la inequidad que existe con las mujeres migrantes y la falta de profesionales en el área.
La excepción se da si el embarazo es producto de una violación sexual, pero además de las normas, las guías, las leyes y la intervención profesional está el habitus médioc, explicó Lilián Abracinkas.
La integrante de Mysu dijo que no hay suficiente profesional para que quienes lo necesiten reciban la atención donde residen, esto lleva a que muchas queden fuera de los plazos, por eso entiende que hay mucho por revisar.
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