La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, emitió un duro comunicado contra el Consejo Fiscal Asesor, en respuesta al informe de este organismo, que había transmitido que el equipo económico había incumplido pautas de la política fiscal.
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Ministra Azucena Arbeleche cuestionó el informe de Consejo Fiscal Asesor
El Ministerio de Economía y Finanzas dijo que se precisa un “enfoque más realista y pragmático”.
Esto se dio en medio de la polémica entre gobierno entrante y actuales autoridades sobre la herencia de finanzas públicas, nivel de deuda y la necesidad o no de aplicar correctivos o ajuste.
La ministra Arbeleche ha dicho que el nuevo gobierno no precisará un ajuste fiscal porque las cuentas del Estado quedan en orden, mientras desde el equipo del presidente electo, Yamandú Orsi, se dijo que la situación del fisco es peor de lo esperado.
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El CFA es un órgano técnico, honorario e independiente creado por ley en 2021 y está integrado por los economistas Alfonso Capurro, Ana Fostel y Jorge Roldós como consejeros, e Ignacio Umpiérrez como Secretario Ejecutivo.
El último reporte del CFA advirtió sobre “incumplimientos” en la pauta fiscal y dijo que el nuevo gobierno deberá “apuntalar el enfoque estructural de las finanzas públicas, sino también de adoptar un criterio de prudencia a la hora de evaluar medidas de política económica con impacto permanente al alza en el gasto y/o a la baja en los ingresos”.
Tras el malestar que ese informe de 48 páginas provocó en la ministra Arbeleche, el Ministerio de Economía emitió un comunicado en el que agradeció “el compromiso y la dedicación del CFA en sus labores” y valoró “su rol en el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal” pero agregó que esperaban un “enfoque más realista y pragmático al formular críticas o recomendaciones de política económica”. Expresó que debieron haber contemplado “los desafíos y limitaciones reales que enfrenta la administración pública, especialmente en el último año de gobierno”.
Incluso afirmó que “el recorte de gastos que el CFA hubiera esperado del gobierno para compensar la caída de la recaudación, hubiera sido imprudente e inconveniente”, y fundamentó: “hubiera implicado incumplir compromisos legales asumidos y hubiera resentido los servicios públicos, con fuerte incertidumbre en la gestión operativa mensual”.
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